Consentimiento informado

El consentimiento del paciente es un requisito previo para cualquier intervención médica. Sin embargo, a menudo ese consentimiento no necesita ser explícito. En la atención de urgencia, el consentimiento normalmente se presume, lo que se conoce como doctrina de la presunción de consentimiento. Para las intervenciones consideradas usuales y que es improbable que causen daño (p. ej., flebotomía convencional, colocación de una vía IV), suele considerarse que el consentimiento está implícito en las condiciones típicas. Por ejemplo, si el paciente estira su brazo se presume que indica el consentimiento para recibir ciertas intervenciones habituales. Para intervenciones más invasivas o riesgosas, siempre es necesario el consentimiento informado.

Para dar un consentimiento informado, los pacientes deben tener capacidad legal y clínica. Los profesionales de la salud que obtienen el consentimiento informado deben estar calificados para explicar los daños y los beneficios de la intervención y para responder preguntas apropiadas. La ley federal de los Estados Unidos exige que los profesionales de la salud tomen medidas razonables para comunicarse adecuadamente con los pacientes que no hablan inglés o que tienen otras barreras de comunicación (1).

Por lo general, las autoridades éticas y jurídicas coinciden en que los profesionales de la salud están obligados a asegurar, como mínimo, que los pacientes comprendan

• Su estado médico actual, que incluye su evolución probable si no se realiza ningún tratamiento

• Tratamientos potencialmente útiles, que incluyen descripción y explicación de los posibles daños, beneficios y cargas

• En general, la opinión profesional del médico como la mejor alternativa

• Incertidumbres asociadas con cada uno de estos elementos

Los profesionales de salud deben ser claros acerca del pronóstico de recuperación con el tratamiento y, si el tratamiento es exitoso, cómo será la vida a continuación. En general, estas discusiones se anotan en la historia clínica y el paciente firma un documento que describe la discusión.

Los profesionales de la salud complementan cada vez con mayor frecuencia las discusiones de consentimiento informado con recursos de apoyo para la toma de decisiones del paciente (p. ej., literatura educativa con gráficos, fotografías y diagramas; cuadros de decisión; videos; programas interactivos basados en sitios web como preguntas secuenciales con comentarios). Los recursos de apoyo para la toma de decisiones del paciente pueden incluso consistir en asesoramiento personal estructurado. La evidencia muestra que el uso de recursos de apoyo para la toma de decisiones del paciente mejora el conocimiento por parte de los pacientes de las opciones de tratamiento y sus posibles daños y beneficios (2). Los pacientes que utilizan recursos de apoyo para la toma de decisiones del paciente también sienten menos conflictos sobre las decisiones y se consideran menos pasivos y menos indecisos.

Los pacientes también tienen derecho a rechazar el tratamiento. Aunque los profesionales de salud están obligados por razones éticas a proporcionar información suficiente y a fomentar decisiones consideradas como el mejor interés para el paciente, los pacientes tienen el derecho de negarse al tratamiento. El rechazo de un paciente al tratamiento no se considera un intento de suicidio ni tampoco evidencia en sí misma de deterioro de la capacidad; la conformidad de la atención sanitaria del médico con la negativa del paciente tampoco es considerada, desde el punto de vista legal, suicidio asistido por el médico. En cambio, la muerte ulterior se considera, legalmente, como una consecuencia natural del propio proceso de la enfermedad.

El rechazo de la atención, si bien es desconcertante, debería inducir al médico a iniciar un análisis ulterior. Si la capacidad del paciente parece cuestionable, dicha capacidad debe ser evaluada, pero el examen no solo debe realizarse o solicitarse porque el paciente se niega al tratamiento. Si ese rechazo al tratamiento pudiera causar daño a otras personas, como un menor de edad u otros dependientes, debe buscarse una consulta ética y legal.